Clima de consenso

En un libro publicado ahora sobre la Constitución Española, escrito veinte años después de su aprobación, se contiene una inteligente sentencia de Miguel Roca. Asegura, con razón, que no sólo es un texto de consenso sino para el consenso. Eso quiere decir que el acuerdo fundamental sobre su contenido se debió prolongar en su aplicación a muchas cuestiones y así tiene que seguir sucediendo en el futuro. En los años ochenta y en los noventa el clima de acuerdo no existió salvo excepciones: lo impidió tanto la mayoría absoluta del PSOE como la aspereza de la oposición del PP. Ahora, en cambio, después de una campaña electoral como la vasca, que se ha caracterizado por su crispación, parece que vuelve a emerger un ambiente consensual.

Si se examina en qué consiste y cómo va articulándose se comprobará que difiere en muchos puntos del que se dio en el momento constituyente. Hace un cuarto de siglo, el clima de consenso se construyó a partir de un previo alejamiento global de posturas sin ni siquiera necesidad de enfrentamiento previo. Ahora parece emerger tras la gresca en cuestiones puntuales. En el pasado fue, sobre todo, obra del Gobierno que en ocasiones utilizaba al PCE como pinza, a AP como apoyo y al CiU como puente. Hoy el clima consensual ha nacido, a lo que parece, más de la oposición que del propio Gobierno. Así fue en el caso del pacto antiterrorista; en el caso de la Justicia el modo inicial en que fue planteada su reforma por el Gobierno no parecía el más propicio para la feliz conclusión final. El nuevo consenso no admite resultados “apócrifos”, como se dijo entonces, producto de la acumulación de frases vagas o contradictorias precisamente porque nace de un desacuerdo previo.

Javier Tusell. El País, 2/6/2001 (adaptado).

Clima de consenso

En un libro publicado ahora sobre la Constitución Española, escrito veinte años después de su aprobación, se contiene una inteligente sentencia de Miguel Roca. Asegura, con razón, que no sólo es un texto de consenso sino para el consenso. Eso quiere decir que el acuerdo fundamental sobre su contenido se debió prolongar en su aplicación a muchas cuestiones y así tiene que seguir sucediendo en el futuro. En los años ochenta y en los noventa el clima de acuerdo no existió salvo excepciones: lo impidió tanto la mayoría absoluta del PSOE como la aspereza de la oposición del PP. Ahora, en cambio, después de una campaña electoral como la vasca, que se ha caracterizado por su crispación, parece que vuelve a emerger un ambiente consensual.

Si se examina en qué consiste y cómo va articulándose se comprobará que difiere en muchos puntos del que se dio en el momento constituyente. Hace un cuarto de siglo, el clima de consenso se construyó a partir de un previo alejamiento global de posturas sin ni siquiera necesidad de enfrentamiento previo. Ahora parece emerger tras la gresca en cuestiones puntuales. En el pasado fue, sobre todo, obra del Gobierno que en ocasiones utilizaba al PCE como pinza, a AP como apoyo y al CiU como puente. Hoy el clima consensual ha nacido, a lo que parece, más de la oposición que del propio Gobierno. Así fue en el caso del pacto antiterrorista; en el caso de la Justicia el modo inicial en que fue planteada su reforma por el Gobierno no parecía el más propicio para la feliz conclusión final. El nuevo consenso no admite resultados “apócrifos”, como se dijo entonces, producto de la acumulación de frases vagas o contradictorias precisamente porque nace de un desacuerdo previo.

Javier Tusell. El País, 2/6/2001 (adaptado).

Clima de consenso

En un libro publicado ahora sobre la Constitución Española, escrito veinte años después de su aprobación, se contiene una inteligente sentencia de Miguel Roca. Asegura, con razón, que no sólo es un texto de consenso sino para el consenso. Eso quiere decir que el acuerdo fundamental sobre su contenido se debió prolongar en su aplicación a muchas cuestiones y así tiene que seguir sucediendo en el futuro. En los años ochenta y en los noventa el clima de acuerdo no existió salvo excepciones: lo impidió tanto la mayoría absoluta del PSOE como la aspereza de la oposición del PP. Ahora, en cambio, después de una campaña electoral como la vasca, que se ha caracterizado por su crispación, parece que vuelve a emerger un ambiente consensual.

Si se examina en qué consiste y cómo va articulándose se comprobará que difiere en muchos puntos del que se dio en el momento constituyente. Hace un cuarto de siglo, el clima de consenso se construyó a partir de un previo alejamiento global de posturas sin ni siquiera necesidad de enfrentamiento previo. Ahora parece emerger tras la gresca en cuestiones puntuales. En el pasado fue, sobre todo, obra del Gobierno que en ocasiones utilizaba al PCE como pinza, a AP como apoyo y al CiU como puente. Hoy el clima consensual ha nacido, a lo que parece, más de la oposición que del propio Gobierno. Así fue en el caso del pacto antiterrorista; en el caso de la Justicia el modo inicial en que fue planteada su reforma por el Gobierno no parecía el más propicio para la feliz conclusión final. El nuevo consenso no admite resultados “apócrifos”, como se dijo entonces, producto de la acumulación de frases vagas o contradictorias precisamente porque nace de un desacuerdo previo.

Javier Tusell. El País, 2/6/2001 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).

Ley y orden en Francia

El Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes, está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan de los nuevos centros de reeducación.

El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros cerrados como los llamados jueces de proximidad, no profesionales que en número superior a 3.000 recibirán competencias para entender de pequeños delitos y también para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la judicatura y los medios más liberales. La comisión independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del Gobierno considera una regresión el talante represivo de la modificación del derecho penal de menores.

Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a la gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación. En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.

El presidente francés y los partidos que le sostienen deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden público una buena parte de los votos obtenidos en los comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios necesarios en materia de justicia y policía para defender sus compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas. El predominio de medios represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error impropio de un régimen de libertades tan consolidado como el francés.

El País, 20/7/2002 (adaptado).