Las reformas concretadas en más de 70 artículos del Código Fiscal de la Federación (CFF) pretenden facilitar la vida del contribuyente y aumentar los ingresos fiscales de 11 por ciento a 16 o 17 por ciento del Producto Interno Bruto, señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En su reporte semanal, la dependencia expone que estas modificaciones buscan crear facilidades para el contribuyente cumplido y detectar de manera eficaz a los incumplidos para penalizarlos. Precisa que la revisión realizada al CFF consiste en aumentar la base de contribuyentes, simplificar trámites fiscales y reducir la evasión, en especial al fiscalizar a los incumplidos.

Estos objetivos se concretarán a través de ampliar el concepto de domicilio fiscal y otorgar facultades a la SHCP para revisar operaciones "que presentasen signos evidentes de riqueza y que no estén dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)". De acuerdo con el texto, las propuestas van encaminadas a poder investigar, y en su caso sancionar, a los grandes evasores, principalmente a los no inscritos en el RFC, pues "se trata de romper con el incentivo perverso de no registrarse y evadir sus obligaciones con el fisco".


Según el texto, con las reformas del Código Fiscal Federal (CFF) se:

De acuerdo con el texto, uno de los problemas institucionales que vienen a corregir las reformas del CFF se refiere a:

Las reformas concretadas en más de 70 artículos del Código Fiscal de la Federación (CFF) pretenden facilitar la vida del contribuyente y aumentar los ingresos fiscales de 11 por ciento a 16 o 17 por ciento del Producto Interno Bruto, señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En su reporte semanal, la dependencia expone que estas modificaciones buscan crear facilidades para el contribuyente cumplido y detectar de manera eficaz a los incumplidos para penalizarlos. Precisa que la revisión realizada al CFF consiste en aumentar la base de contribuyentes, simplificar trámites fiscales y reducir la evasión, en especial al fiscalizar a los incumplidos.

Estos objetivos se concretarán a través de ampliar el concepto de domicilio fiscal y otorgar facultades a la SHCP para revisar operaciones "que presentasen signos evidentes de riqueza y que no estén dados de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC)". De acuerdo con el texto, las propuestas van encaminadas a poder investigar, y en su caso sancionar, a los grandes evasores, principalmente a los no inscritos en el RFC, pues "se trata de romper con el incentivo perverso de no registrarse y evadir sus obligaciones con el fisco".


Según el texto, con las reformas del Código Fiscal Federal (CFF) se:

Ante la entrada en vigencia de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andina (CAN) a partir del 1º de enero, el Gobierno aplicará un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para evitar que las cuentas fiscales sean afectadas por el menor ingreso por concepto de aranceles, adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala Lombardi. En declaraciones a una radioemisora local, aclaró que "el efecto neto" de esa medida para el consumidor "será cero". No precisó sobre qué productos incidirá el tributo, aunque refirió que se aplicarían salvaguardias temporales a los que sean afectados por la liberalización de las tasas arancelarias con los países de Comunidad Andina, "siempre que se justifique y haya una relación de daño" para los productos nacionales.

Gino Kaiserberger, presidente del Cesden, considera que quienes vienen sosteniendo que con tratados de libre comercio los consumidores serán los mayormente beneficiados al conseguir productos más baratos con motivo de la liberalización arancelaria, deben empezar a "tragarse sus palabras". "A partir de enero ingresarán al país productos sin aranceles o con aranceles reducidos, lo que significaría un beneficio al público consumidor; sin embargo, ello no es del todo cierto, pues el titular de Economía considera que ello originará menor recaudación; de ahí que lo vayan a compensar con mayores impuestos a la población", cuestionó.


En el contexto del texto, la expresión "siempre que" tiene el sentido de:

Ante la entrada en vigencia de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andina (CAN) a partir del 1º de enero, el Gobierno aplicará un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para evitar que las cuentas fiscales sean afectadas por el menor ingreso por concepto de aranceles, adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala Lombardi. En declaraciones a una radioemisora local, aclaró que "el efecto neto" de esa medida para el consumidor "será cero". No precisó sobre qué productos incidirá el tributo, aunque refirió que se aplicarían salvaguardias temporales a los que sean afectados por la liberalización de las tasas arancelarias con los países de Comunidad Andina, "siempre que se justifique y haya una relación de daño" para los productos nacionales.

Gino Kaiserberger, presidente del Cesden, considera que quienes vienen sosteniendo que con tratados de libre comercio los consumidores serán los mayormente beneficiados al conseguir productos más baratos con motivo de la liberalización arancelaria, deben empezar a "tragarse sus palabras". "A partir de enero ingresarán al país productos sin aranceles o con aranceles reducidos, lo que significaría un beneficio al público consumidor; sin embargo, ello no es del todo cierto, pues el titular de Economía considera que ello originará menor recaudación; de ahí que lo vayan a compensar con mayores impuestos a la población", cuestionó.


De acuerdo con el texto, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC):

Ante la entrada en vigencia de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andina (CAN) a partir del 1º de enero, el Gobierno aplicará un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para evitar que las cuentas fiscales sean afectadas por el menor ingreso por concepto de aranceles, adelantó el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala Lombardi. En declaraciones a una radioemisora local, aclaró que "el efecto neto" de esa medida para el consumidor "será cero". No precisó sobre qué productos incidirá el tributo, aunque refirió que se aplicarían salvaguardias temporales a los que sean afectados por la liberalización de las tasas arancelarias con los países de Comunidad Andina, "siempre que se justifique y haya una relación de daño" para los productos nacionales.

Gino Kaiserberger, presidente del Cesden, considera que quienes vienen sosteniendo que con tratados de libre comercio los consumidores serán los mayormente beneficiados al conseguir productos más baratos con motivo de la liberalización arancelaria, deben empezar a "tragarse sus palabras". "A partir de enero ingresarán al país productos sin aranceles o con aranceles reducidos, lo que significaría un beneficio al público consumidor; sin embargo, ello no es del todo cierto, pues el titular de Economía considera que ello originará menor recaudación; de ahí que lo vayan a compensar con mayores impuestos a la población", cuestionó.


En el texto se dice que la entrada en vigor de la Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andina (CAN):

El ex gobernador de Corrientes, Raúl "Tato" Romero Feris, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es porque la Justicia lo encontró responsable del delito de peculado durante su gestión como intendente. La misma pena recibió el ex secretario de Economía de la Municipalidad de Corrientes, Andrés Zidianakis. La denuncia, realizada en su momento por un interventor municipal, estaba basada en el cobro en 1997 de 400 mil pesos que estaban destinados a pavimentar calles, pero las obras nunca se realizaron y el dinero se esfumó, aunque Zidianakis aseguró en el juicio que personalmente y en efectivo se lo entregó en propias manos a Romero Feris.

La querella y la fiscalía habían solicitado siete años de prisión para el ex hombre fuerte de Corrientes y seis para el ex secretario de Economía. Fueron condenados además a devolver de manera solidaria los 400 mil pesos a la comuna.

Por otro lado, la causa por las coimas en el Senado para lograr la sanción de la ley de Reforma Laboral en abril del 2000 recibió ayer un impulso importante cuando la Cámara Federal porteña confi rmó los procesamientos por cohecho del ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, del arrepentido Mario Pontaquarto, del ex presidente provisional del Senado José Genoud (UCR) y de los ex senadores peronistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda.

Los camaristas Martín Irurzun y Horacio Vigliani desplegaron numerosas y fuertes críticas contra la investigación. Dieron por acreditada la existencia de las coimas, que -concluyeron- pagaron funcionarios de la Alianza y recibieron senadores justicialistas y radicales. Sin embargo, consideraron que no hay pruebas suficientes como para establecer que ese dinero salió de la Secretaría de Inteligencia.


Según el texto, los procesamientos del ex ministro del Trabajo y otros ex funcionarios y miembros del Senado argentino:

El ex gobernador de Corrientes, Raúl "Tato" Romero Feris, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es porque la Justicia lo encontró responsable del delito de peculado durante su gestión como intendente. La misma pena recibió el ex secretario de Economía de la Municipalidad de Corrientes, Andrés Zidianakis. La denuncia, realizada en su momento por un interventor municipal, estaba basada en el cobro en 1997 de 400 mil pesos que estaban destinados a pavimentar calles, pero las obras nunca se realizaron y el dinero se esfumó, aunque Zidianakis aseguró en el juicio que personalmente y en efectivo se lo entregó en propias manos a Romero Feris.

La querella y la fiscalía habían solicitado siete años de prisión para el ex hombre fuerte de Corrientes y seis para el ex secretario de Economía. Fueron condenados además a devolver de manera solidaria los 400 mil pesos a la comuna.

Por otro lado, la causa por las coimas en el Senado para lograr la sanción de la ley de Reforma Laboral en abril del 2000 recibió ayer un impulso importante cuando la Cámara Federal porteña confi rmó los procesamientos por cohecho del ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, del arrepentido Mario Pontaquarto, del ex presidente provisional del Senado José Genoud (UCR) y de los ex senadores peronistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda.

Los camaristas Martín Irurzun y Horacio Vigliani desplegaron numerosas y fuertes críticas contra la investigación. Dieron por acreditada la existencia de las coimas, que -concluyeron- pagaron funcionarios de la Alianza y recibieron senadores justicialistas y radicales. Sin embargo, consideraron que no hay pruebas suficientes como para establecer que ese dinero salió de la Secretaría de Inteligencia.


En el contexto del texto, la palabra "querella" tiene el sentido de:

El ex gobernador de Corrientes, Raúl "Tato" Romero Feris, fue condenado a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es porque la Justicia lo encontró responsable del delito de peculado durante su gestión como intendente. La misma pena recibió el ex secretario de Economía de la Municipalidad de Corrientes, Andrés Zidianakis. La denuncia, realizada en su momento por un interventor municipal, estaba basada en el cobro en 1997 de 400 mil pesos que estaban destinados a pavimentar calles, pero las obras nunca se realizaron y el dinero se esfumó, aunque Zidianakis aseguró en el juicio que personalmente y en efectivo se lo entregó en propias manos a Romero Feris.

La querella y la fiscalía habían solicitado siete años de prisión para el ex hombre fuerte de Corrientes y seis para el ex secretario de Economía. Fueron condenados además a devolver de manera solidaria los 400 mil pesos a la comuna.

Por otro lado, la causa por las coimas en el Senado para lograr la sanción de la ley de Reforma Laboral en abril del 2000 recibió ayer un impulso importante cuando la Cámara Federal porteña confi rmó los procesamientos por cohecho del ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, del arrepentido Mario Pontaquarto, del ex presidente provisional del Senado José Genoud (UCR) y de los ex senadores peronistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Remo Costanzo, Augusto Alasino y Ricardo Branda.

Los camaristas Martín Irurzun y Horacio Vigliani desplegaron numerosas y fuertes críticas contra la investigación. Dieron por acreditada la existencia de las coimas, que -concluyeron- pagaron funcionarios de la Alianza y recibieron senadores justicialistas y radicales. Sin embargo, consideraron que no hay pruebas suficientes como para establecer que ese dinero salió de la Secretaría de Inteligencia.


En el texto se dice que el ex gobernador de Corrientes y el ex secretario de Economía fueron condenados porque:

La negociación sobre el nuevo Estatuto de Cataluña avanza lentamente y a trompicones. A pesar de ello, el Gobierno mantiene como objetivo llegar a «un acuerdo global», a ser posible reflejado por escrito, antes de fin de mes.

Pactado que la denominación nacional de Cataluña sea el último asunto a abordar, la primera jornada oficial de negociaciones, celebrada el lunes, se centró en un tanteo sobre el modelo de financiación y concluyó sin avances, según varios de los negociadores. A este respecto, el Presidente del Gobierno español reiteró que son irrenunciables la recaudación por el Estado de impuestos en todo el territorio nacional y el mantenimiento en sus manos de todo lo relacionado con el Impuesto sobre Sociedades. Para el Gobierno, según indicó, sólo hay margen de maniobra en la llamada «cesta de impuestos» - el porcentaje del IRPF y la cesión de impuestos especiales como los que afectan a los hidrocarburos, alcoholes o tabaco- y en la «cuota de solidaridad», admitiendo que -una vez garantizada la igualdad en la prestación de los servicios básicos- «las comunidades que recaudan más tienen derecho a disponer de más ingresos para hacer sus políticas».


De acuerdo con el texto, la posición del gobierno español sobre el modelo de financiación:

La negociación sobre el nuevo Estatuto de Cataluña avanza lentamente y a trompicones. A pesar de ello, el Gobierno mantiene como objetivo llegar a «un acuerdo global», a ser posible reflejado por escrito, antes de fin de mes.

Pactado que la denominación nacional de Cataluña sea el último asunto a abordar, la primera jornada oficial de negociaciones, celebrada el lunes, se centró en un tanteo sobre el modelo de financiación y concluyó sin avances, según varios de los negociadores. A este respecto, el Presidente del Gobierno español reiteró que son irrenunciables la recaudación por el Estado de impuestos en todo el territorio nacional y el mantenimiento en sus manos de todo lo relacionado con el Impuesto sobre Sociedades. Para el Gobierno, según indicó, sólo hay margen de maniobra en la llamada «cesta de impuestos» - el porcentaje del IRPF y la cesión de impuestos especiales como los que afectan a los hidrocarburos, alcoholes o tabaco- y en la «cuota de solidaridad», admitiendo que -una vez garantizada la igualdad en la prestación de los servicios básicos- «las comunidades que recaudan más tienen derecho a disponer de más ingresos para hacer sus políticas».


Según el texto, la negociación sobre el nuevo estatuto de Cataluña: