La negociación sobre el nuevo Estatuto de Cataluña avanza lentamente y a trompicones. A pesar de ello, el Gobierno mantiene como objetivo llegar a «un acuerdo global», a ser posible reflejado por escrito, antes de fin de mes.

Pactado que la denominación nacional de Cataluña sea el último asunto a abordar, la primera jornada oficial de negociaciones, celebrada el lunes, se centró en un tanteo sobre el modelo de financiación y concluyó sin avances, según varios de los negociadores. A este respecto, el Presidente del Gobierno español reiteró que son irrenunciables la recaudación por el Estado de impuestos en todo el territorio nacional y el mantenimiento en sus manos de todo lo relacionado con el Impuesto sobre Sociedades. Para el Gobierno, según indicó, sólo hay margen de maniobra en la llamada «cesta de impuestos» - el porcentaje del IRPF y la cesión de impuestos especiales como los que afectan a los hidrocarburos, alcoholes o tabaco- y en la «cuota de solidaridad», admitiendo que -una vez garantizada la igualdad en la prestación de los servicios básicos- «las comunidades que recaudan más tienen derecho a disponer de más ingresos para hacer sus políticas».


De acuerdo con el texto, la posición del gobierno español sobre el modelo de financiación: