Diversas empresas mexicanas han promovido al menos 45 demandas de amparo en siete estados del país para impugnar la constitucionalidad del decreto que impuso aranceles de entre 10 y 20 por ciento a diversos productos estadounidenses en represalia por no permitir el acceso a transportistas mexicanos. La mayoría de las compañías inconformes han argumentado la inequidad, porque el castigo sólo se aplicó a ciertos productos dentro de las mismas fracciones arancelarias.

El impacto de los aranceles ya se refleja en diversos productos, ya que, por ejemplo, las manzanas y las fresas han subido 20 por ciento para los importadores, quienes transmiten el costo a las ventas por menudeo.